La inflación fue de 4,2% en agosto, orbitando en torno del 4% por cuarto mes consecutivo. Más aún, el IPC Núcleo, aquel que excluye los precios Estacionales y Regulados, se aceleró 0,3 p.p. durante el mes pasado, trepando de 3,7% en mayo, junio y julio a 4,1% en agosto. De este modo, si bien la suba de precios se moderó en relación con el arranque de año -entre enero y abril había promediado casi 13,5% por mes-, pareciera haber entrado en un período de amesetamiento.
Dicho esto, vale recordar que la inflación se refiere a la velocidad de la suba de precios, no a su nivel. Por lo tanto, menos inflación no implica que los precios bajen, sino que avanzan a menor velocidad. Si los precios cayeran, la inflación sería negativa, algo que no se verifica en nuestro país desde 2003.
En este marco, tiene sentido preguntarnos cómo seguirá la dinámica nominal en los próximos meses: ¿logrará perforar el 4% mensual? ¿cómo se trasladará este escenario al dólar y el consumo interno? Veamos.
A principios de año, la suba de precios tenía varios factores explicativos: la devaluación de fines de 2023, las actualizaciones de tarifas de servicios públicos y otros precios regulados -por caso, medicina prepaga-, recomposiciones de salarios nominales e inercia. Con el correr de los meses, y cierta estabilización en un contexto de caída de ajuste fiscal, los ruidos transitorios fueron atenuándose, dejando a los motores permanentes como los principales drivers de proceso inflacionario.
Así, la inercia, precios que suben porque otros subieron antes y no quieren perder pisada en la “carrera nominal”, ganó centralidad como factor explicativo del aumento de precios. El otro componente que sigue presente son las actualizaciones tarifarias, pero, además de más acotadas y esporádicas que a principios de año, estas suelen tener un menor efecto sobre el Nivel General de precios que la inercia.
En este esquema, destacan un aspecto positivo y otro negativo: los precios suben más lento que a principios de año, pero las principales causas de la inflación actual son más difíciles que desarmar -más resilientes- que las de entonces. Todos queremos que los precios se desaceleren, pero pocos están dispuestos a aceptar que su precio relativo -bien final o salario, no importa- ceda en pos del bien común. Lo que es óptimo a nivel agregado, no lo es a nivel individual.
Dos herramientas podrían ayudar a perforar el nuevo piso del 4% mensual. Por un lado, una coordinación de precios y salarios: un alineamiento entre los incentivos individuales y agregados. Sin embargo, producto de la doctrina económica del gobierno, esta opción parece descartada.
Queda así el ancla fiscal, monetaria y cambiaria como política de desinflación: una caída en términos reales -crecimiento por debajo de la inflación- de la oferta de dinero y un mayor control del gasto público como ordenadores macroeconómicos que reduzcan la inflación esperada por debajo del 4% mensual, contribuyendo a quebrar la inercia y desacelerar así la suba de precios actual. No obstante, cuando miramos el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central u otros informes privados, esta ancla no pareciera estar trasladándose a las “cabezas” de los agentes, de modo que no pareciera estar siendo efectiva.
La otra apuesta del Gobierno es que la reciente baja del impuesto PAIS, que redujo en alrededor de 8,5% el costo de comprar dólares oficiales para importar bienes contribuya en este sentido. Dado que la mejora no alcanza a servicios -no transables-, ni alimentos, bebidas no alcohólicas y energía, excluidos del gravamen, entendemos que su efecto sería acotado, y concentrado en ciertos rubros puntuales -automóviles, electrónica, textil-. En consecuencia, tampoco oficiaría como el ancla que está buscando el gobierno.
En consecuencia, entendemos que la inercia inflacionaria está siendo difícil de desarmar, tornando poco probable alcanzar los objetivos de 1, 2 o hasta 3% de inflación mensual, al menos en lo que resta de 2024.
En este marco, donde la nominalidad sigue siendo un desafío, la recuperación de los salarios seguirá siendo lenta y heterogénea, tal como viene pasando en los últimos meses. En tanto que el poder adquisitivo de los trabajadores privados registrados podría acercarse a los niveles de noviembre 2023 para fines de año, el de los empleados públicos e informales no recuperaría los niveles pre-devaluación al menos hasta la segunda mitad del año que viene.
En respuesta, dado que el consumo interno depende en su mayoría de la masa salarial, y que ni los ingresos ni los puestos de trabajo despegarán en el corto plazo, tampoco lo harán las ventas. Si bien la recuperación del crédito podría impulsar algunas compras, especialmente aquellas ligadas a bienes durables, el estancamiento de la desinflación -y la permanencia del cepo, que desarrollamos en envíos anteriores- impedirán que la actividad acelere.